Desde ATE aseguran que se producen tardanzas injustificadas en el área de evaluación médica y que la cantidad de beneficios se redujo en un 75 por ciento. La misma situación se da en todo el país El gremio de ATE denunció públicamente la existencia de demoras de hasta dos años para tramitar las pensiones por discapacidad, en el marco de una decisión que buscaría limitar el acceso a ese tipo de beneficio. El delegado del gremio en la Agencia Nacional de Discapacidad, Franco Orsato, señaló que la cantidad de gestiones se redujo a menos de un tercio desde que asumió el gobierno de Macri y que hay demoras injustificadas en el área de auditoría médica.
De las 150 pensiones por discapacidad que se otorgaban por mes, la delegación local bajó a apenas 40 en el mismo período de tiempo. Según denunció ATE, esto se debe a una serie de acciones deliberadas de parte de las autoridades nacionales para limitar todo lo que se pueda el número de beneficios.
“A nivel país, la Agencia Nacional de Discapacidad pasó de entregar 12 mil subsidios por mes a 8.900 en los últimos 4 meses. Por otro lado, sabemos que hay 100 mil expedientes demorados en el área de auditoría médica”, precisó Franco Orsato.
“Hace dos años que venimos observando la situación de la quita de derechos y que los procesos de evaluación se han vuelto cada vez más lentos. Los trámites que tardaban 7 u 8 meses en su evaluación ahora se extienden a un plazo de más de 2 años, y eso implica que ese derecho no llega a la persona en tiempo y forma”, apuntó el delegado de ATE.
“Fallecen sin el beneficio”
En el mismo sentido, detalló que hubo casos de personas con enfermedades terminales que fallecieron antes de que les saliera el beneficio.
“Esto vulnera toda posibilidad de acceso al derecho de las personas con discapacidad. Estamos hablando de que el año pasado sufrimos una medida de suspensión masiva de pensiones, que después tuvieron que restituir”, puntualizó Orsato.
“Ahora, el mecanismo más sutil que están utilizando desde el Gobierno es la ralentización de los procesos de evaluación, llevándolos en algunos casos a más de dos años”, agregó el sindicalista.
Por otro lado, Orsato explicó que, en otros casos, muchas personas terminaron desistiendo al beneficio de la pensión por discapacidad “porque se dan cuenta de que nunca va a salir la posibilidad de acceder al derecho”.
“Crean el clima para poder despedir”
¿Hay alguna relación entre la demora en el trámite de los beneficios y las cesantías?
Claramente, la ralentización de los trámites y la baja de contratos están relacionados entre sí. Por experiencia, uno sabe que la primera jugada es hacer ineficiente al Estado, para que después procedan a despedir a los empleados. En este caso, los trabajadores venimos visualizando la quita de funciones, la división de la Comisión Nacional de Pensiones -ahora Agencia Nacional de Discapacidad-, delegando parte de los beneficios (como la pensión para madres de 7 hijos) al Anses. Ese movimiento nos dejó a nosotros solamente con las pensiones por discapacidad. Al mismo tiempo, se empezó a aplicar este mecanismo perverso, con el que se demoran todas las evaluaciones de trámites y la mayoría de la gente desiste o busca otra vía para poder subsistir a diario.
Por último, Orsato expresó que el retaceo de las pensiones asistenciales constituye una franca violación a los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de los principios básicos en los que se fundan las políticas de Seguridad Social.
Repudian el ajuste en el Estado
El secretario general de ATE seccional Río Cuarto, Walter Ávalos, repudió ayer las políticas de achiamiento del Estado, a raíz de la desvinculación de 70 trabajadores que reportaban a la Agencia Nacional de Discapacidad.
“Nos hemos encontrado con nuevas metodologías de ajuste por parte del gobierno nacional, que tienen que ver con el plan de achicamiento del Estado que se viene desarrollando, con despidos y vaciamiento de los diferentes organismos”, manifestó el dirigente gremial.
El lunes se produjeron 70 despidos en la ex Comisión de Pensiones Asistenciales, “con nuevas metodologías para romper el vínculo laboral, porque los contratos no se terminaron, sino que se han dado de baja”, dijo Ávalos.
“Además sabemos que hay compañeros que, aun siendo delegados gremiales, cayeron bajo esta misma modalidad. Por eso denunciamos un avasallamiento de los derechos constitucionales, como por ejemplo los fueros sindicales”, amplió el sindicalista.
Por último, el secretario de ATE Río Cuarto aseguró: “Entendemos que se ponen en riesgo las prestaciones que ofrecen estos organismos y queremos alertar a toda la ciudadanía porque no sólo atenta contra las fuentes de trabajo, sino contra los derechos de las personas con discapacidad”.
Fuente: Diario Puntal.
