El tribuno de cuentas de Cambiemos, Osvaldo Córdoba, pidió constituirse como querellante para sumar pruebas. Como son parientes cercanos, Miralles dejó la causa. El nuevo investigador es Fernando Moine.
Según indicaron fuentes judiciales, el caso del Edecom quedó en manos de Fernando Moine, quien deberá definir si acepta el criterio de Cambiemos y a la oposición como querellante. Desde el oficialismo manifiestan que el único habilitado para desarrollar ese papel desde el Estado local es el fiscal municipal, Julián Oberti.
En el caso de que Moine comparta el criterio del oficialismo y rechace la pretensión opositora de tener participación en la causa, el caso volvería entonces a manos de Miralles. Esto es así porque desaparecería entonces la causal que originó el apartamiento: con Córdoba fuera del caso, ya no habría parientes directos del fiscal interviniendo.
En la causa se investiga la denuncia del gobierno municipal, que fue a la Justicia después de que un informe interno revelara que el Edecom había pagado cheques por 155 mil pesos que no tenían respaldo de ninguna orden de pago emitida por la Administración. Por esa situación está imputada Carolina Torres, la empleada del Edecom que tenía a su cargo la confección de los cheques y que admitió haberse llevado los valores y haberlos cobrado. Pero argumentó que lo hizo por instrucciones del secretario de Gobierno, Mauricio Dova, para pagarle una vieja deuda de cuando él era concejal y ella su secretaria.
La oposición pidió constituirse como querellante para tener conocimiento directo de lo que va pasando, ya que el oficialismo le denegó el pedido de realizar una auditoría en el ente de control para conocer de primera mano las fallas en el sistema administrativo que posibilitaron el robo.
“Nuestra intervención en este proceso se convierte en la necesaria representación de la ciudadanía que confirió democráticamente la indelegable función de contralor, siendo por ende la única garantía de poder cumplir con el mandato que nos fuera conferido de velar por la debida aplicación de los procedimientos administrativos y en definitiva de ser los custodios del correcto destino de los fondos públicos”, planteó Córdoba en el escrito que presentó a la Justicia.
Cuando se conoció el apartamiento de Miralles, el abogado Enrique Zabala, defensor de Torres, señaló que cualquier fiscal es lo mismo porque las pruebas y la defensa no se modificarán. “Mientras garanticen objetividad nosotros no tenemos de qué oponernos. Era evidente que un fiscal relacionado con el oficialismo investigando un problema entre oficialistas nos iba a obligar a estar más atentos a los prejuicios ideológicos. Pero ahora no cambia demasiado”, dijo Zabala.
Fuente: Diario Puntal
