La ordenanza data del año 2007 y establece una serie de medidas de seguridad para su traslado en la vía pública y su tenencia en viviendas. El órgano de control debía ser el Edecom, pero la norma nunca se reglamentó.
La ordenanza 1.402 del año 2007 regula la tenencia de perros de razas peligrosas y establece una serie de condiciones rigurosas que los propietarios deben seguir si quieren pasearlos en la vía pública. Además, fija los requisitos que tienen que cumplir para poder tenerlos en su casa. Sin embargo, no se cumple en la práctica y casi no se ven controles. Días atrás, Olga Ceballo, de 59 años, perdió la vida como consecuencia de las heridas que recibió al ser atacada por el perro pitbull de la familia en el patio de su casa, a principios de abril.
Sancionada el 30 de mayo de 2007 y promulgada el 19 de junio de ese mismo año, la norma es un intento por proteger a la población de las razas caninas consideradas de riesgo por su potencia física.
El decreto reglamentario de la norma, el número 3.130 de 2007, define que el órgano de aplicación será el Edecom, pero deja en manos del ente de control la presentación de un proyecto de reglamentación. Es decir que el mismo Edecom debía instrumentar los mecanismos de fiscalización.
La ordenanza tiene por finalidad proteger a las personas de los perros “que por su tamaño y potencia tengan la capacidad de causar la muerte o lesiones y aquellos que hayan sido adiestrados para ataque”.
La clasificación
La norma contempla una clasificación de razas de perros peligrosos. En esa lista entran el pitbull terrier, staffordshire, bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo mallorquín, dogo canario, fila brasilero, tosa inu, akita inu, doberman, bullmastín y ovejero alemán.
También califican como peligrosos aquellos animales que, sin pertenecer a las tipologías antes descriptas, tengan conductas agresivas denunciadas por los damnificados.
En otro orden de cosas, establece que los perros deberán llevar obligatoriamente bozal “cada vez que salgan del domicilio de estadía habitual y se encuentren en la vía pública”.
A su vez estipula que los animales de razas peligrosas deberán ser conducidos con cadena o correa y cada persona no podrá transportar más de uno a la vez.
Además, el transporte de animales potencialmente peligrosos se puede realizar en vehículos particulares bajo ciertas condiciones, siempre y cuando “no impidan la acción del conductor, cierre adecuado de ventanillas, uso de correa y bozal”.
Al mismo tiempo, deja expresamente prohibido el transporte animales “en vehículos abiertos del tipo pick-up sin los elementos de sujeción y contención adecuados”.
Asimismo, establece una serie de medidas de resguardo que los dueños deben tener en cuenta para la tenencia de este tipo de perros en las viviendas. Por ejemplo, deben contar con paredes y vallas suficientemente altas y sólidas “a fin de soportar el peso y la presión animal”, al igual que las puertas, rejas o alambrados.
Exige también la colocación de señalética para advertir la presencia de perros definidos como potencialmente peligrosos.
Sin cumplimiento
Sin embargo, más allá de la letra de la ordenanza, en la práctica el cumplimiento de la normativa es casi nulo. Habitualmente, en diferentes espacios verdes de la ciudad se puede observar a personas que pasean algún perro de raza peligrosa sin los cuidados que corresponden.
“El Edecom debería controlar el cumplimiento de la normativa. Cada perro de raza peligrosa debe llevar al menos colocado el bozal cuando circula por la vía publica”, indicó una fuente que participó de la elaboración de la ordenanza pero que prefirió no darse a conocer para evitar quedar en medio de la polémica.
“En este caso, lo grave es que se trata de un perro que tenía antecedentes de agresión, que estuvo tres meses bajo el cuidado del Edecom y que volvió a la calle. Llegó al Edecom porque había mordido a una chica con anterioridad”, manifestó.
“En este caso, el Estado conocía de este perro, por lo cual le cabe algún grado de responsabilidad”, señaló.
Otro proyecto inconcluso
A fines de agosto de 2015, el entonces intendente Jure había dispuesto por decreto que a los perros de razas consideradas peligrosas debían implantarles un chip para identificarlos y poder rastrearlos.
La exigencia iba a tener validez para las mismas razas de perros clasificadas como potencialmente riesgosas por la ordenanza 1.402 del año 2007.
El decreto del año 2015 exige el chip a los perros que sean utilizados en competencias y para la caza, pero también para la guardia, defensa o guía.
Además, se les colocarían chips a los que están para adopción en el refugio municipal.
Al final, esta medida también quedó solamente en buenas intenciones, dado que el decreto nunca se terminó por llevar a la práctica.
El caso de Olga Ceballo, la mujer que falleció el fin de semana después de ser atacada por su propio perro pitbull, reavivó el debate. Palacios estaba internada en el Hospital y, según detalló su hija, había permanecido sólo 10 días en habitación común y luego había sido trasladada a terapia intensiva, en donde era asistida con un respirador artificial.
FUENTE: Diario Puntal
