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Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana

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Esta mañana ingresó a la Legislatura de Córdoba una nota rubricada por el ministro de gobierno, Juan Carlos Massei, para avanzar en el Plan Provincial de Seguridad ciudadana y Prevención del Delito, instando al cuerpo a nombrar a un representante suplente y un titular por cada bloque parlamentario para componer el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.  

De esta manera, se le otorga a todo el pleno legislativo -tanto oposición como oficialismo- la potestad para que intervenga en la planificación de las políticas vinculadas a la seguridad de la Provincia.

Este nuevo organismo tendrá a su cargo articular los esfuerzos de los diferentes actores sociales de la sociedad civil, ya que participarán los sectores productivos, sindicales, educativos, religiosos (COMIPAZ), de las cámaras empresariales y los ministerios provinciales.

“Partimos de la premisa de que la inseguridad es hija de la exclusión social”, dijo Massei. En ese sentido, recalcó que el Consejo “trabajará fuertemente” en dos andariveles: el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la incorporación y el empoderamiento de la sociedad civil, por un lado; y, por el otro, la gestión policial propiamente dicha, relacionada con la prevención y la represión del delito.

La idea es asistir, mediante un equipo técnico interdisciplinario para el diseño de programas, estrategias y metodologías de actuación, control y evaluación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

El Consejo se reunirá cada noventa (90) días, y tendrá como función específica la creación de un del cuadro de riesgo pre-delictivo a través del relevamiento y diagnóstico sobre las causas y características del fenómeno delictivo que afecta a la seguridad ciudadana. Este esquema, servirá de base para el diseño e implementación y estrategias y acciones integrales dirigidas a la prevención del delito.

Asimismo, el Consejo podrá proponer anteproyectos de reforma legislativa en materias de su competencia, y deberá favorecer el enlace interjurisdiccional para la articulación y coordinación de políticas preventivas entre las diferentes áreas de gobierno y entre éstas y el sector privado.

Además, a propuesta de los dos tercios de sus integrantes, podrá invitar a participar de las reuniones a personas del ámbito académico o científico;  magistrados y funcionarios judiciales; representantes de instituciones estatales y Organizaciones No gubernamentales (ONG), y a cualquier otra entidad que considere oportuno su opinión.

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