Con mayoría en la votación de la moción, el Senado de la Nación convirtió en Ley el régimen de Participación Público Privada para las obras de infraestructura. Por 43 votos a favor y 15 en contra se dio aval a los cambios de Diputados, una gran conquista en materia de construcción.
Las principales modificaciones que recibió la iniciativa en la Cámara Baja consistieron en aumentar del 25 al 33 por ciento la incorporación de producción nacional en las obras y darle prioridad a las pyme locales; crear una comisión bicameral de control sobre los contratos; y modificar el reaseguro de una «estabilidad justa» para las empresas por una “ganancia mínima”.
Asimismo se mantuvo la posibilidad de recurrir a mecanismo de arbitrajes internacionales que requerirán la aprobación del Poder Ejecutivo.
Otro de los puntos controversiales es que en el artículo 14 se prevé que «cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un sistema de diálogo competitivo para la elaboración de las condiciones particulares y demás documentación contractual el que deberá garantizar la transparencia, concurrencia, competencia efectiva y la participación simultanea de todos los interesados precalificados».
