La concejal Marilina Gadpen, concejal del partido Socialista en Cambiemos, criticó la decisión del Gobierno nacional por «el decreto 232 que dejó a más de 70 mil personas con discapacidad sin su pensión» y subrayó que «están yendo en contra de nuestra constitución, de nuestras leyes y también de nuestros ciudadanos».
Gadpen sostuvo que la medida del Gobierno de Mauricio Macri no la tomó por sorpresa porque, «ya en nuestras oficinas del Concejo Deliberante hace semanas que estamos recibiendo a vecinos de Río Cuarto que se les ha privado de este tipo de beneficios sociales».
Ante esta situación sostuvo que «no podemos permitir que se comience a ver como algo normal la implementación de políticas que eliminan derechos, por las dudas, y después controlar si se hicieron bien las cosas».
Criticó al Gobierno nacional al señalar que «como si se tratara de un gasto más, decidió volver a aplicar un Decreto Presidencial del año 1997, época del menemismo donde los trabajadores y las personas más necesitadas eran tratados como parias de la sociedad».
Señaló que esta quita de pensiones se realizó sin tener en cuenta la realidad de los beneficiarios, y cuestionó que «entre los fundamentos que implican la eliminación del beneficio de pensión por discapacidad figuran la posesión de un automóvil, cuando en muchos casos representa la única forma de movilidad de estas personas. Otro fundamento es el ingreso del grupo familiar, parejas separadas se las considera como un grupo familiar y se suman sus ingresos, aun cuando uno de los cónyuges hace años que no aporta dinero».
Marilina Gadpen señaló: «La respuesta no es aplicar recortes y unos meses después dar marcha atrás, las pensiones se otorgan a personas que realmente la necesitan, y cada mes que transcurre sin que reciban estos beneficios representa un tormento a la hora de cubrir sus tratamientos médicos, muchas veces indispensables para su vida y salud; así como los demás gastos básicos en alimentación, educación, vivienda, etc.».
En términos estrictamente legales, la concejal indicó que «debemos recordar que la Convención Internacional para personas con discapacidad, que en nuestro país posee rango constitucional desde 2014, expresa que este tipo de pensiones no se ofrecen por tratarse de personas con problemas de pobreza e indigencia, sino que es un derecho adquirido por tratarse de Personas con Discapacidad».
Por último, Marilina Gadpen aclaró: «La Pensión por Discapacidad no es asistencialismo, con esta decisión no se están “ajustando a ley” como indican los voceros del Gobierno nacional, están yendo en contra de nuestra constitución, de nuestras leyes y también de nuestros ciudadanos».
