El oficialismo buscará aprobar el jueves próximo en el Consejo de la Magistratura el inicio del proceso de remoción contra el juez federal Daniel Rafecas.
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, el diputado oficialista Pablo Tonelli, añadió hoy los expedientes contra Rafecas en una ampliación del orden del día para el próximo jueves a las 9.
Se trata de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al que se añadieron otras acusaciones.
La semana pasada se concretó el desplazamiento por mal desempeño en sus funciones del camarista Eduardo Freiler, quien no asistió a la lectura de la sentencia, tras comprobar un incremento injustificado de su patrimonio, omisiones en su declaración jurada y deudas con la AFIP.
Con seis votos positivos y uno negativo, el tribunal falló a favor de apartar al juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien había denunciado que su enjuiciamiento estaba relacionado con su postura en dos causas: Hotesur y la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por «encubrimiento» del Gobierno de Cristina Kirchner sobre el atentado contra la AMIA.
La decisión fue aprobada por la jueza Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria- PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y el diputado Hugo Marcucci (UCR), mientras que la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se pronunció en contra y el abogado Raúl Plaggio expresó su disidencia parcial.
El secretario general del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Bova, leyó el veredicto final, en el que se indicó que Freiler «no honra su cargo» ya que «falseó y omitió insertar datos» en sus declaraciones juradas, tuvo «un incremento patrimonial y un conjunto de gastos y erogaciones que no guardan correlación con sus ingresos» (entre enero del 2012 y octubre del 2016, superan los 20 millones de pesos) e «incumplió con sus obligaciones tributarias».
Para el tribunal, estos comportamientos «representan faltas demostrativas de la pérdida de aptitudes imprescindibles para que un juez merezca la confianza pública».
En el recinto no estaba el destituido magistrado, pero sí su defensor, José María Olivares, quien tras conocerse el dictamen le adelantó a la prensa que va «a apelar la medida ante la Corte Suprema».
Freiler había denunciado que detrás del jury estaba la mano del Gobierno, que buscaba desplazarlo a raíz de sus últimas decisiones en causas clave: por ejemplo, haber insistido en la indagatoria de los CEOs de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa, apartar a Claudio Bonadio del caso Hotesur y avalar el archivo de la denuncia de Nisman contra Cristina de Kirchner por encubrimiento.
Por la parte acusatoria estaban los consejeros Pablo Tonelli (diputado del PRO) y Miguel Piedecasas (representante de los abogados), mientras que entre el público se encontraba Juan Bautista Mahiques (representante del Poder Ejecutivo ante el mismo organismo).
Durante las dos jornadas que duró el juicio político, los miembros del Consejo denunciaron, entre otras cosas, que la casa de 600 metros que compró Freiler frente a la Quinta de Olivos tiene un valor muy superior a los 2,8 millones de pesos en que la declaró.
De acuerdo con la valuación fiscal, la vivienda costaría en realidad unos 5.300.000 millones de pesos, mientras que el Banco Nación la tasó en 11.316.254 de esa misma moneda.
También hicieron mención a los lotes que el magistrado tiene en Costa Bonita, Necochea, y que, de acuerdo con la defensa, habrían sido donados por su madre: «Lo que queda claro para la parte acusatoria es que se trató de una compraventa», sostuvieron.
Además, pusieron en la mira una moto de agua que aparece en su declaración jurada por un valor de 15 mil pesos, monto correspondiente al costo de inscripción en el patrimonio, pero que la acusación sostienen que «pagó por ella los 158.400 pesos» que figuran en la boleta al momento de la adquisición del vehículo, que fue comprado por un tercero.
El ahora expresidente de la Sala I de la Cámara Federal se convirtió en el primer juez que es removido durante la administración de Mauricio Macri: con bienes cercanos a los 5,3 millones de pesos era el funcionario judicial más rico de Comodoro Py, seguido por Eduardo Farah, Martín Irurzun y María Servini De Cubría.
Fuente: Ambito
