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Un amparo en la Justicia Federal, el último camino para entrar a San Luis

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Patrocinadas por los abogados Antonio María Hernández y Javier Quiroga, las rurales de Río Cuarto y Mackenna junto a camioneros de Achiras se presentaron en los Tribunales para que el gobierno puntano permita ingresar a esa provincia a los productores y transportistas. Aseguran que se violan múltiples derechos constitucionales.

Después de buscar un abanico de alternativas, incluido un corte de ruta por algunas horas el domingo de la semana pasada, finalmente los productores y transportistas del sur provincial llegaron hasta los despachos del Juzgado Federal para presentar un amparo que les abra las puertas de ingreso a San Luis, cerrada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Es que desde hace más de 100 días que tienen dificultades para trabajar en sus campos o cargar sus camiones en la vecina provincia por el bloqueo en los límites que dispuso, en el marco de la pandemia, el Ejecutivo puntano.

Los representantes de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Sociedad Rural de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero 158 de Achiras, llegaron acompañados por los abogados patrocinantes Antonio María Hernández y Javier Quiroga, quienes cuestionaron la decisión del gobernador Rodríguez Saá y afirmaron que “viola numerosos derechos consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales”.

“Presentamos un amparo contra la provincia de San Luis en virtud de las groseras inconstitucionalidades cometidas al dictar el decreto 1894 del 1 de abril y dos protocolos de ingreso y egreso de la provincia que produjeron muy severas violaciones de derechos humanos que afectan directamente a todo el Departamento Río Cuarto y el sur provincial”, explicó Hernández ante los medios, minutos antes de ingresar al juzgado de calle Sobremonte.

“Se ha dispuesto el cierre, el bloqueo completo de muchos caminos vecinales y hasta de la ruta provincial 30, que es la que vincula Río Cuarto con Achiras y La Punilla, pero también hay otros caminos y accesos como el de la ruta nacional 8. Esto produce gravísimas violaciones a los derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales y en la Constitución nacional y en ambas constituciones provinciales. Las afectaciones acá son al sistema republicano porque todas estas medidas fueron dispuestas por el gobernador sin intervención alguna de la Legislatura de San Luis”, indicó el abogado cordobés.

A su lado, David Tonello, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, detalló que “en 100 días pudimos entrar dos o tres veces con suerte. Creo que el gobierno nacional delegó en las provincias algunas cosas, pero claramente esto es un exceso y alguien debe tomar una decisión, por eso recurrimos a la Justicia como última instancia”, indicó el directivo ruralista.

Para Sergio Barbieri, presidente de la Rural de Mackenna, “no hay muchas más opciones para los productores, esperamos en esta instancia tener la respuesta que buscamos. Lo que esperamos es que el gobierno de San Luis flexibilice razonablemente el ingreso para trabajar, no que se abra indiscriminadamente la frontera”.

Hernández detalló que “se violan los derechos de la libertad física y de locomoción, de usar o disponer de la propiedad porque hay mucha gente que no puede ir a trabajar en sus campos, violación del derecho de trabajar, de realizar industria lícita, de comerciar, violación al derecho al desarrollo humano. Y por si faltara algo, violación a la libertad de cultos, porque la iglesia de El Cuadrado quedó con un terraplén que puso el gobierno de San Luis para impedir los accesos, a lo que se suman zanjas en otros lugares. Lo que quiero decir es que el gobierno de San Luis resolvió un regreso directo al Medioevo, en violación de todas estas normas constitucionales y no queda otra opción que presentarnos por la vía genérica, para garantizar los derechos y garantías generales, como es el amparo”, explicó.

Por último, el abogado constitucionalista agregó que “hay responsabilidad institucional de gobiernos que no han intervenido. El gobierno federal debería haber intervenido porque tiene que saber que han clausurado todos estos caminos y hasta una ruta nacional de la envergadura de la 8. En segundo lugar, el gobierno de la provincia de Córdoba también debería haber actuado porque cuando hay un problema de esta magnitud se podría haber recurrido en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del artículo 109 de la Constitución. Y además, esto hubiera requerido un tratamiento especial en la Cámara de Diputados y la de Senadores porque es evidente que la conducta de San Luis está violando no sólo al sistema republicano, sino a la forma federal de Estado, recordando que por la decisión de San Luis, está prohibido el libre tránsito”, finalizó.

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