Inicio CABECERA Bloqueo en San Luis: un conflicto y dos fallos que se contraponen

Bloqueo en San Luis: un conflicto y dos fallos que se contraponen

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Los productores obtuvieron ayer un fallo favorable del juez riocuartense Carlos Ochoa para poder acceder a la vecina provincia a trabajar. Pero, por la tarde, una resolución de un magistrado puntano puso todo en pausa.

Apenas un par de horas les duró la alegría a los productores y transportistas que ayer recibieron la noticia de un fallo favorable del juez federal Carlos Ochoa para que pudieran ingresar a San Luis a trabajar en sus campos o cargar sus camiones con granos y hacienda.

Fue el resultado de una presentación realizada el lunes al mediodía en el tribunal de calle Sobremonte, en la que la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Vicuña Mackenna plantearon violaciones a derechos elementales consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.

El abogado constitucionalista Antonio María Hernández, acompañado por su colega Javier Quiroga, fueron los representantes de las entidades que pidieron la intervención del juez para que obligue a las autoridades del gobierno de San Luis a dar marcha atrás en los bloqueos dispuestos en los límites interprovinciales. Fue lo que finalmente salió ayer del Juzgado Federal y lo que motivó la celebración de productores y transportistas. Pero esa alegría duró poco.

En horas de la tarde, desde el Juzgado Federal de San Luis salió otra resolución que ratificó todo lo actuado por la gestión de Alberto Rodríguez Saá bajo el argumento del cuidado sanitario de los habitantes de esa provincia.

Los representantes legales del gobierno de San Luis se presentaron ante el juez federal Juan Esteban Maqueda para “promover formal acción declarativa de certeza en los términos del Art. 322 del CPCCN, en contra de: Confederación de Asociaciones Rurales de la 3° Zona, con domicilio en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza, con domicilio en San Carlos, Mendoza; Asociaciones Ruralistas con asiento en la Provincia de San Juan y/o toda persona jurídica y/o humana que pretenda ingresar y/o circular por el territorio provincial, en violación de la normativa y regulaciones provinciales dictadas en consecuencia de la emergencia sanitaria Covid 19, cuya legitimidad y constitucionalidad sostienen e impetran que así se declare”.

El gobierno puntano se presentó admitiendo que “es de público conocimiento, según recientes publicaciones de medios periodísticos de la zona, que existirían cuestionamientos vinculados a la política sanitaria de la Provincia de San Luis, implementada en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia producida por el Covid 19, en especial en cuanto a las medidas que reglamentan el ingreso y egreso de la Provincia, que provendrían de distintas entidades vinculadas a la producción agropecuaria y al sector del transporte de las localidades limítrofes de las provincias de San Juan, La Rioja, Mendoza y Córdoba, contra quienes se dirige la presente acción”, enfatizó el planteo que tuvo respaldo del juez Maqueda.

De esta forma, y ante dos resoluciones de juzgados del mismo nivel dentro del organigrama federal, la inesperada disputa va camino a una instancia superior de Cámara. Pero allí hay un detalle no menor: los tribunales que pueden atender esta contienda pueden ser los de Mendoza o Córdoba, ya que San Luis no cuenta con Cámara Federal. Ayer, las partes afectadas en el sur provincial adelantaron que irán rápidamente a esa instancia superior para dirimir el pleito abierto con el gobierno de San Luis en lo que esperan una rápida resolución. Sin embargo, admiten que posiblemente todo termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Manejo de la Justicia”

El constitucionalista Hernández remarcó ayer a Puntal que “el fallo de Ochoa es de gran factura técnica y constitucional; un juez que defiende la Constitución y que lo demuestra en un fallo muy fundado, en el que hace justicia porque buena parte del sur cordobés está muy afectada por las medidas groseramente inconstitucionales de la provincia de San Luis”, dijo el abogado representante de la Rural. Pero a renglón seguido, Hernández remarcó que “llamativamente, luego de este fallo ejemplar del doctor Ochoa aparece otro fallo de otro juez federal, de San Luis, que es sorprendente porque la Provincia a través del fiscal de Estado aparece demandando a distintas organizaciones de campo y en una resolución groseramente inconstitucional que revela el manejo de la Justicia que hay en esa provincia, obtiene una resolución para impedir la aplicación de la justa resolución de Ochoa”, disparó Hernández, al tiempo que anticipó: “Seguiremos en la lucha por el Derecho, con la Constitución en la mano y seguramente se terminará haciendo justicia, aunque no descarto que el tema llegue a la Corte”.

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