El Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, del que forma parte la UNRC a través de docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, emitió una declaración en la que expresó su “profunda preocupación” por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno nacional para las áreas de Ciencia y Tecnología de las universidades nacionales y el INTA, entre otros organismos estatales.
Señaló: “Nos preocupa profundamente la significativa disminución de los fondos asignados para el 2017 para Ciencia y Tecnología tanto a las universidades como al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el escaso monto destinado a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, tal como se desprende del texto del Proyecto de Presupuesto 2017 que fuera remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento”.
El documento recibió el aval del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se reunió este martes en una sesión extraordinaria.
Este Foro nuclea a representantes de las universidades nacionales con una larga trayectoria de investigación e intervención en las problemáticas de la agricultura familiar, articula sus actividades con el Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA y es integrante del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como miembro invitado permanente.
Recientemente, se llevó a cabo en Corriente el Tercer Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, con la participación de representantes de esta casa de estudios, en cuyo marco se redactó esta declaración luego de analizar la situación por la que atraviesa ese sector de la economía argentina.
La agricultura familiar es un sector estratégico que dinamiza las economías regionales, abastece de alimentos diversificados a todos los ciudadanos y garantiza la soberanía alimentaria, según indicaron desde el Foro.
La agricultura familiar representa el 66 por ciento de las explotaciones agropecuarias en tan solo el 13 por ciento de las tierras disponibles. Son 220 mil explotaciones familiares de colonos, minifundistas, pueblos originarios, campesinos, puesteros, crianceros, feriantes, pesadores artesanales, artesanos rurales, productores urbanos, productores periurbanos, chacareros, trabajadores rurales y floricultores, entre otros protagonistas del desarrollo local, los que trabajan y producen en el mismo lugar donde viven.
En su documento, el Foro rechazó “el recorte de los fondos a otros organismos de Ciencia y Técnica (CONICET, FONCYT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera). La merma de fondos disponibles para todas estas dependencias condicionaría su capacidad operativa, pone en riesgo la continuidad laboral de una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores y hace peligrar la implementación de políticas orientadas específicamente a este sector de la Agricultura Familiar”.
Por otra parte, el Foro instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional “a tomar especial consideración de la situación de estas dependencias y garantizar que el Estado cuente para el próximo año con los recursos necesarios para asegurar el desarrollo de políticas públicas agropecuarias, agroindustriales y de ciencia y tecnología comprometidas con las necesidades de la población y atentas a las demandas de estos actores sociales que son también parte fundamental del campo y de la economía argentina”.
Reparación histórica de la agricultura familiar
El Foro también reclamó que las reestructuraciones en marcha “no retrasen la urgente reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.
Asimismo, expresaron su “profunda preocupación por la situación que están atravesando hace tiempo las comunidades de Bajo Hondo, Quimili, en Santiago del Estero. La pretensión de ocupar tierras por parte de grandes empresas agropecuarias ha generado una situación de hostigamiento, agresiones física y con armas de fuego, cercamiento forzoso de tierras, quema intencional de viviendas, corrales, pozos de agua y animales, en el marco de reiterados intentos de desalojo violento de pobladores que han trabajado esas tierras por generaciones”.
“Demandamos al Gobierno nacional, y especialmente al Gobierno provincial y la justicia de Santiago del Estero que en forma urgente garanticen el respeto de los legítimos derechos de las comunidades e impidan el avance de la violencia sobre los productores santiagueños y sus familias”, enfatizó el Foro.
