Organismos de Derechos Humanos, el Gobierno municipal, la comunidad universitaria, las centrales obreras y distintas instituciones y organizaciones sociales y polìticas de la ciudad repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual a través de la aplicación del 2×1 le redujo la condena al genocida Luis Muiña.
Susana Tissera, hermana del detenido-desaparecido dijo: «Este fallo representa un indulto-amnistía encubierta y un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que deben ser garantizadas por los tres poderes de la República, ya que constituye un precedente al que pueden recurrir muchos de los genocidas condenados durante los últimos años».
El ex-preso político Daniel Olarticoechea también repudió el accionar de la Corte y sostuvo que se trato de una decisión con cargado tinte político.
«El fallo no constituye un hecho aislado. Se suma a una serie de gestos políticos por parte de otros sectores del Estado y de la sociedad civil tendientes a socavar las políticas de estado referidas a la Memoria, la Verdad y la Justicia», concluyó Susana Tissera.
