La banda, con ramificaciones en Río Cuarto y el sur, robaba claves fiscales y las usaba para generar facturas apócrifas que después entregaba a empresas que querían generar crédito en Afip para pagar menos impuestos.
Facturas apócrifas. Operaciones que nunca se produjeron. Robos de la clave fiscal de personas de escasa o nula capacidad contributiva que, de pronto, aparecían facturando cifras importantes. La organización ilícita que fue descubierta esta semana, y que tenía ramificaciones en Río Cuarto, ofrecía como “servicio” esos comprobantes falsos que permitían evadir obligaciones ante la Afip. En la primera etapa de la investigación judicial se descubrieron facturas truchas por 2.800 millones de pesos y una evasión de 430 millones.
Uno de los fiscales que llevan adelante la compleja causa es Enrique Senestrari, de Córdoba capital. Detalló, en diálogo con el programa Mensaje Directo, cómo operaba la banda.
“Es una organización extendida. Es lo que permite el sistema informático que hoy concentra las actividades comerciales y fiscales de una manera tan fluida que ya no hay límites geográficos y, por eso, esta gente podía haber maniobras en cualquier parte el país e, incluso, afuera”, manifestó el fiscal federal.
Y agregó: “Es una organización integrada por personas con muchos conocimientos fiscales y contables, estudios contables, contadores públicos que de manera organizada y sistemática y habitual les robaban claves fiscales a personas vulnerables, personas que tenían que acceder a planes del Estado, o monotributistas que tenían que facturar trabajos ocasionales. Y después del robo de las claves lo que hicieron fue cambiarles la condición en la Afip; los convirtieron, sólo en pantalla, en empresarios con capacidad económica para emitir facturas. Esas facturas, por supuesto, son falsas porque no hubo ningún acto comercial real, que es lo que deberían reflejar. Las hicieron por montos multimillonarios, cercanos a los 3.000 millones de pesos. Esas facturas fueron a parar a una cantidad muy grande de empresas que las usaban para generar crédito fiscal, es decir, para que se descuente ese gasto simulado del IVA que tienen que pagar en cada período fiscal declarado”.
Senestrari detalló que las operaciones abarcan todo tipo de actividad, desde compra y venta de cereales a servicios de telefonía. “En cualquier actividad comercial, una empresa que quisiera evadir sus impuestos podía contactar a esta gente, que además usaba un sistema horrible de empresas que se generó en los últimos años. Las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, son una aberración jurídica porque es un sistema de creación de sociedades con escasísimo control y que permitió que haya una alta cantidad de empresas fantasma, que no existen, que no tienen ninguna actividad, pero sí sirven para inventar una actividad comercial, generar facturas falsas y hacer que un empresario que le paga a quien se la provee evada impuesto en las cantidades que hemos visto: casi 500 millones de pesos”, manifestó el fiscal Senestrari.
En Río Cuarto y en Arias se hicieron allanamientos en estudios contables y en empresas. Aquí, en el sur cordobés, hubo dos detenidos de un total de 33 personas implicadas. “Todas las personas involucradas en la causa en gran parte han participado de la asociación ilícita que generó esto. En otros casos, si son empresarios que usaban las facturas, han cometido el delito de evasión, que puede ser calificado o no según el monto. Pero, además, de esos empresarios que cometieron evasión, hay una cantidad enorme de otras empresas que no llegaron a los montos que la ley estipula para que sean evasores pero que sí evadieron impuestos de un modo que amerita que sean perseguidos no por la Justicia penal pero sí por la Afip”, manifestó el fiscal federal.
Senestrari agregó que la investigación está a mitad de camino y que ahora deben revisar toda la información que se secuestró en los 93 allanamientos que se hicieron esta semana: entre los materiales requisados hay teléfonos, computadoras, registros y documentos. “Estamos a mitad de camino. Descubrimos lo suficiente para hacer los procedimientos pero nos falta procesar todo el resto de la información”, declaró el fiscal Senestrari.
Dos intendentes quedaron imputados
En la megacausa de las facturas falsas quedaron ayer imputados los intendentes de Mendiolaza, Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano Canto. A los dos se los acusa de administración fraudulenta agravada.
Salibi, en declaraciones a Cadena 3, se mostró sorprendido por la imputación y adelantó que presentará un escrito en la Justicia.
En la causa hay, hasta ahora, 33 detenidos.
