«Se trata de una norma protectiva y no inquisitiva» anunció el Secretario de Servicios Públicos del municipio, Enrique Novo al explicar el proyecto de ordenanza que fue elaborado por el ejecutivo con la colaboración de instituciones y vecinos que hicieron sus aportes presentando propuestas al respecto, y que deberá ser analizado y debatido ahora por el Concejo Deliberante.
El proyecto fue ingresado formalmente al cuerpo legislativo para que en un plazo no mayor a un mes sea discutido y aprobado para su posterior implementación. El mismo plantea que los residuos domiciliarios una vez que son recolectados o depositados en el contenedor -habrá varios dispuestos en distintos puntos de la ciudad- sean consideramos propiedad pública y por ende responsabilidad del municipio que podrá ocuparse de ellos a través de personal municipal o bien tercerizando el servicio.
Por otro lado, el proyecto establece que habrá sanciones para todo aquél vecino que deje basura en baldíos o en la vía pública; como así también está previsto imponer tasas municipales a las empresas generadoras de residuos patógenos salvo que se comprometan ellas mismas a deshacerse de ellos sin perjuicio para el medioambiente.
Entre los puntos más importantes del proyecto, el secretario Enrique Novo , destacó la obligación del municipio de contar con una planta de reciclado o distintos centros dispuestos para tal fin; también el compromiso para ocuparse de los microbasurales y la determinación de reglamentar la tarea de los recuperadores urbanos. «El 2017 será el año de la capacitación y concientización en relación a la importancia de la gestión de residuos, soñamos con salas llenas de niños y adolescentes formándose en este sentido y luego multiplicando la tarea en sus familias», dijo Novo y agregó que «en sintonía con ello el 2018 deberá ser el año para cosechar lo sembrado y para consolidar la aplicación del código de higiene urbana municipal»
En cuanto a las características generales del proyecto presentado, el secretario de servicios públicos explicó que se trata de «un código abierto para que desde el legislativo se corrija lo elaborado desde el ejecutivo y, a su vez, para que a futuro también se puedan remediar los errores que se detecten con el paso del tiempo», puntualizó Novo.
