El ex rector de la UNRC, Marcelo Ruiz, y el Secretario General de ATURC, Eduardo Tello, aclararon y criticaron la denuncia realizada por el fiscal Marijuán por la supuesta malversación de fondos de 52 universidades del país. : “Quieren exponernos ante la opinión pública para justificar la reducción del presupuesto a las universidades”, expresó Tello.
Comunicado de Marcelo Ruiz:
Estimados integrantes de la comunidad universitaria: como trabajador de esta institución y como alguien que ocupó recientemente cargos de funcionario público por elección directa – en conjunto con un equipo de trabajo- me siento obligado éticamente a realizar un conjunto de consideraciones sobre un tema tan importante como éste.
El fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia por una supuesta malversación de fondos públicos en contra de 52 Universidades Nacionales (UUNN); esta información se dio a conocer a través de algunos medios impresos como Clarín con un carácter general sin dar ningún tipo de especificación sobre el contenido de la acción llevada a cabo por el funcionario judicial. Según el propio fiscal, él para denunciar, se basó en información publicada por el propio diario Clarín, por lo que llama la atención el “criterio de selección de fuentes” que utiliza la fiscalía.
Es el Congreso de la Nación quien aprueba cada año la Ley de Presupuesto, asignando un crédito global al Sistema Universitario Nacional y, en particular a cada institución universitaria de acuerdo a finalidades y funciones. Al mismo tiempo se determinan recursos con asignación específica y programas especiales.
El complemento del presupuesto destinado a salarios y, a Ciencia y Técnica, esto es, en general menos del 10% que se distribuye al interior de cada universidad con el análisis y posterior aprobación por parte del Consejo Superior del cual participan los cuatro claustros (estudiantes, docentes, no docentes y graduados), y con la previa determinación de pautas por parte de los Consejos Directivos de las diferentes Facultades que componen la institución (cinco en nuestra UNRC).
Cada universidad cuenta con complejos dispositivos administrativos de ejecución y control, internos y externos. Posee además, una Unidad de Auditoría Interna (UAI) autónoma que audita cada año el conjunto de procedimientos, en particular el referido a presupuesto y lo realiza con experticia técnica (acorde a precisión normativa) con posterior informe a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la cual depende. El sistema puede ser falible y si hay fallas hay que dar precisiones de los pasos administrativos en las que se produjeron.
Llama la atención que las declaraciones del fiscal se produzcan luego de la aprobación del presupuesto universitario por parte de la Cámara de Diputados -con un fuerte recorte para el año 2017 para un importante número de universidades– introduciendo lógicas de fractura en el sistema universitario nacional además de operar una baja en el (del) presupuesto en el conjunto de la educación superior.
Estos recortes presupuestarios se suman a la disminución de los recursos- por la cancelación de las pautas de crecimiento previamente establecidas por Nación hasta el 2015- en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) CONICET, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) entre otras dependencias del denominado Sistema Científico Técnico de la República.
Al denunciar supuesta malversación de fondos en 52 Universidades Nacionales, el fiscal Marijuán acusa prácticamente de “corrupto” a todo el sistema universitario nacional. Esta afirmación realizada por el fiscal se inscribe en el contexto de una ofensiva global contra la Educación Pública en Argentina que opera con diferentes modalidades: una es la del recorte de presupuesto como describíamos y otra es la de descalificación de “lo público”, “lo gratuito”, “lo irrestricto del acceso a las universidades públicas estatales”, etc. Es en esta lógica de descalificación que se inscribe este tipo de operaciones mediáticas.
Si hay que investigar un posible delito debe hacerse y llevarse a cabo con la seriedad administrativa que corresponde. Este carácter de seriedad, rigor y precisión de los pasos jurídicos dista mucho de un anuncio de supuesta malversación en un titular de un diario y, reiteramos, basándose en una nota que ese mismo diario publicó tiempo atrás.
Nos pronunciamos por la claridad y transparencia de cada acto de gobierno y también, forman parte indisoluble, a favor de una educación pública que colabore activamente a favor de los procesos de democratización económica, social y cultural de un país tan castigado por las desigualdades económicas potenciadas por dispositivos de depreciación simbólica de los sectores más vulnerables y reforzada por actos de violencia institucional tan reiterados.
Por otra parte, Eduardo Tello calificó a la denuncia de Marijuán como una “barbaridad judicial”:
La Comisión Directiva de ATURC recibió el apoyo de los trabajadores universitarios para coordinar con los distintos claustros de la UNRC la jornada nacional que tendrá lugar el 22 de noviembre en defensa de la universidad pública. Por el momento, no se descartó la posibilidad de llevar adelante alguna medida de fuerza.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto (ATURC), Eduardo Tello, calificó como una “barbaridad judicial” la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán contra 52 universidades nacionales por supuesta malversación de fondos públicos.
Lo hizo durante una asamblea de los trabajadores no-docentes universitarios que se realizó este miércoles en el campus, en la que se abordaron cuestiones como la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, el reclamo que hizo FATUN para la re-discusión en paritaria del último acuerdo salarial y la exclusión de 35 casas de estudio estatales de la distribución de un refuerzo presupuestario de 1.028 millones de pesos que aprobó Diputados, entre otros temas.
Si bien la asamblea sólo tuvo carácter informativo, los trabajadores no-docentes, por amplio consenso, decidieron en la oportunidad respaldar a la Comisión Directiva del gremio para que coordine junto a los estudiantes, docentes, graduados e investigadores universitarios la realización de una jornada nacional de protesta en defensa de la universidad pública que tendrá lugar el 22 de noviembre, en cuyo marco no se descartó la posibilidad de concretar alguna medida de fuerza.
Señaló el secretario general de ATURC: “Vamos a unir esfuerzos con los otros claustros universitarios para defender la universidad pública, gratuita y cogobernada, y organizar de manera conjunta esta jornada de protesta, que fue institucionalizada por el Consejo Superior” de la UNRC en la sesión extraordinaria del último martes a partir de la adhesión que hizo el cuerpo colegiado al documento de la asamblea interclaustros denominado “Proyecto de presupuesto 2017: Un nuevo embate contra un desarrollo de país sustentable y soberano”.
Barbaridad judicial
Tello dijo que las denuncias del fiscal Marijuán constituyen una “barbaridad judicial” que “pone en duda el manejo de los fondos en 52 universidades, lo cual entendemos que es una estrategia para deslegitimar el reclamo por mayor presupuesto, instalando en la opinión pública la idea de que los rectores son todos ‘choros’, para qué quieren más plata”.
“Todos los que nos oponemos a las medidas del Gobierno nacional pasamos a ser corruptos”, remarcó Tello, tras lo cual indicó: “Quieren exponernos ante la opinión pública para justificar la reducción del presupuesto a las universidades”.
Opinó que la investigación del fiscal Marijuán “no va a llegar a ningún lado, pero por supuesto que nadie se va a enterar. Lo que importa es instalar en la sociedad la idea de que somos corruptos”.
Enfatizó: “De igual manera, nos quieren dividir. Queda claro cuando las universidades que eran cuestionadas por su cercanía con la gestión del gobierno anterior ahora resultaron beneficiadas por la planilla B, como es el caso de la Universidad Tecnológica o la Universidad de San Martín u otras del conurbano. Buscan romper el bloque de rectores que se oponen a las políticas de achicamiento del sistema universitario nacional”.
Durante la asamblea, también se trazó un panorama crítico respecto de la situación presupuestaria que afecta a las casas de estudios estatales y al deterioro salarial que sufren los trabajadores del sector.
Afirmó al respecto el titular de ATURC: “Esta situación no se arregla sólo con la lucha, sino en octubre cuando haya que votar”, y agregó: “Estamos llegando al momento en el que vamos a ver cuáles son nuestras convicciones. La fortaleza de nuestro gremio siempre estuvo dada por el acompañamiento de todos los trabajadores no-docentes, por eso creo que la participación en la jornada de protesta del 22 de noviembre será masiva”.
Respecto del deterioro de los salarios no-docentes y el pedido para rediscutir el último acuerdo de paritarias que efectuó FATUN, sostuvo Tello: “Esta situación va a poner a prueba a los trabajadores y a los movimientos sindicales”.
Añadió luego: “En febrero, cuando comiencen las negociaciones paritarias para 2017, se va a dar la verdadera batalla salarial”, aunque sin embargo estimó que “las medidas de fuerza pueden comenzar en cualquier momento, cuando lo disponga nuestra Federación”.
Sentenció el secretario general de ATURC: “A través del diálogo y las buenas costumbres no creo que hagamos cambiar de opinión al Gobierno nacional, que quiere fijar un techo del 17% para las paritarias”.
Luego, acotó: “Yo no me hago cargo de generar optimismo sobre las medidas de este Gobierno, pero sí sobre las medidas de fuerza que podamos llevar adelante”.
Subrayó el dirigente gremial: “Los recortes de presupuesto van a impactar en las conquistas de los no-docentes. Hay logros que están naturalizados, pero no podemos olvidar que se lograron con el esfuerzo de cada uno de nosotros”.
Tello dijo ante la asamblea que todavía “no hay ningún ofrecimiento del Gobierno nacional sobre el pedido de recomposición salarial para los trabajadores no-docentes, y no creo que vaya a haber”.
El titular de ATURC, también cuestionó el accionar de la dirigencia de la CGT porque “nos llevó a la discusión por un bono, que no es una recomposición salarial y no es lo que pide nuestra Federación”.
En otro momento, Tello remarcó: “Hoy está todo dado para que los poderes económicos recuperen lo que perdieron con el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores”.
Seguidamente, consideró: “La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de puestos de trabajo se puede subsanar en el mediano plazo con el cambio de las políticas públicas”
