La Cámara en lo Comercial suspendió la audiencia prevista entre representantes de Correo Argentino S.A. y el Gobierno nacional, tras un pedido de prórroga de 120 días presentado por los funcionarios nacionales, que debían resolver el acuerdo de pago de la deuda que acumula la empresa de la familia Macri.
Fuentes judiciales informaron que la Sala B del Tribunal suspendió la audiencia a raíz del planteo hecho por el representante del Estado nacional, Juan Bernabé Aráoz, quien reclamó que se posponga por al menos hasta mediados de julio. Se trata del plazo estimativo que fijó la Auditoría General de la Nación (AGN) para producir un informe sobre la intervención que tuvieron el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones en la negociación, además del análisis de los créditos del Estado con el Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.
Ante el planteo del representante del Estado, la Cámara estableció que se le pedirá opinión a las demás partes del proceso «para que se expidan sobre el pedido» de prórroga «y luego el Tribunal resolverá» la nueva fecha de la audiencia.
Minutos antes, habían concurrido a la audiencia el abogado Aráoz, la fiscal en lo comercial Gabriela Boquín, y los síndicos del concurso. Los esperaban las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso Díaz de Cordero.
La audiencia había sido solicitada por el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El pedido de Cibils Robirosa fue «a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal» con «una solución justa y equitativa para todos los interesados».
El escándalo del Correo Argentino obligó al presidente Macri a dar marcha atrás con el acuerdo y pidió «volver a foja cero» el conflicto, luego de que la oposición y la Justicia advirtieran que el Gobierno había decidido condonar una gran porción de la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado.
La fiscal Boquín acusó que la propuesta aceptada por el Correo y ofrecida por el Ministerio de Comunicación implicaba «una condonación de la deuda».
Fuente: ambito.com
