Irina Santesteban, del grupo Judiciales Unidos, visitó la ciudad de Río Cuarto para presentar la lista que lidera y con la cual se presentará en los próximos comicios generales a realizarse en el mes junio, instancia en la cual se definirán las nuevas autoridades gremiales.
El próximo 23 de junio serán las elecciones generales para que los empleados del Poder Judicial provincial elijan a las próximas autoridades del gremio. En el marco de este proceso, Irina Santesteban, que lidera el grupo Judiciales Unidos, estuvo de visita en la ciudad de Río Cuarto para presentar la lista que conforma y las propuestas eje que sostienen.
En diálogo con Primero Noticias, Santesteban manifestó que pretenden continuar con la línea de trabajo sostenida durante su anterior mandato, desde el año 2008 al 2014, en el que la lucha por los reclamos salariales, la ley de porcentualidad, el convenio colectivo de trabajo y las condiciones laborales fueron su nave insigne. En este sentido, expresó que lucharán por «volver a tener un gremio de pie».
Al ser consultada sobre la existencia de una brecha salarial significativa entre los trabajadores del ámbito judicial, la gremialista sostuvo que es una de las principales reivindicaciones de su lista y confirmó que «mas allá de algunos progresos, sigue estando e incluso se agranda». «Fuimos nosotros quienes nos planteamos con mucha fuerza el sistema porcentual, que significa que un trabajador que recién ingresa no puede cobrar menos que 5 ó 6 veces de lo que cobra el vocal del Tribunal Superior de Justicia. Hoy cobra 16 veces más que un ingresante», aseguró.
Santesteban se refirió también al estado en que se encuentran las instalaciones de los Tribunales locales. Al respecto, ratificó que hace años fue declarado no apto para las funciones que allí se desarrollan y señaló que hay una evidente falla en la administración que se hace de los ingresos de la tasa de justicia por parte del Tribunal Superior de Justicia.
Por último, la entrevistada habló sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2×1 aplicada a personas con condenas por delitos de lesa humanidad e indicó que «desde el sindicato de judiciales no solamente se lo repudió sino que marchamos con más de 120.000 personas en Córdoba». «El voto a favor de la contabilización del 2×1 para que beneficie a genocidas fue de tres magistrados, dos de ellos nombrados por el actual gobierno», expresó Santesteban, al tiempo que destacó que «aún así mucha gente que votó a este gobierno nacional marchó porque no está de acuerdo, porque es impunidad».
