Gobierno publicó la ley este lunes luego de 61 días sin noticias del submarino. Los informes parciales y el final serán públicos. Las familias de los 44 tripulantes participarán en calidad de observadores.
El gobierno nacional promulgó este lunes la ley que crea la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA San Juan”, al cumplirse dos meses de la última vez que se tuvo contacto con el navío que llevaba a bordo 44 tripulantes y del que aún no se tienen novedades.
El cuerpo “tendrá por objeto el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”, establece la norma aprobada en diciembre.
La comisión especial “estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras”, añade la ley 27.433 que este lunes se publica en el Boletín Oficial junto a su promulgación. Asimismo, “tendrá un presidente y un vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión”, cuyas “decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes”.
La comisión “designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional”.
El cuerpo podrá iniciar investigaciones de oficio, citar a funcionarios, solicitar informes y documentos y realizar reuniones secretas y reservadas.
Además, deberá elaborar un informe final en un plazo no mayor a un año desde su conformación, el cual podrá prorrogarse no más allá de un año más.
Tanto los informes parciales como el final “serán obligatoriamente públicos”, y el último de éstos deberá contener “una opinión fundada” sobre la “determinación de las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada Argentina, y el de las autoridades del Ministerio de Defensa”.
En ese marco, establece que las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan “podrán participar en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión Especial Investigadora, a excepción de aquellas que sean declaradas secretas y/o reservadas”.
Fuente: Telam.
