En el comienzo del tratamiento del proyecto en comisión está previsto que asistían el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y referentes de la CGT y CTA.
El inicio del debate de la reforma laboral en el Senado, previsto para hoy miércoles, se postergó para el próximo martes 28 de noviembre, cuando asistirán a la comisión de Trabajo el ministro Jorge Triaca y los máximos referentes de la CGT y de las dos CTA, según informaron voceros de la presidencia provisional del Senado.
El ministro Triaca iba a asistir esta tarde a las 16 a la comisión de Trabajo que preside el peronista Daniel Lovera, de acuerdo a lo estipulado en reuniones concretadas ayer entre representantes de Cambiemos y del PJ, pero finalmente se decidió postergar la exposición del funcionario para que asista el mismo día que el triunvirato de la CGT.
Fuentes del bloque del oficialismo informaron que el inicio de la discusión en el Senado de la reforma laboral se concretará el próximo martes 28 de noviembre, con Triaca, Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer como invitados, y que ese mismo día se podría firmar dictamen para llevar el tema al recinto una semana después.
Los tres textos de las reformas ingresaron en la madrugada del día sábado a la cámara de senadores a través del nuevo sistema digital pero recién este lunes se concretó el ingreso formal por Mesa de Entrada de Proyecto, desde donde se los girará a las comisiones encargadas de abrir el debate.
Los otros dos proyectos de ley enviados este sábado al Senado por el Poder Ejecutivo, el de reforma previsional y el de consenso fiscal, sí comenzarán a discutirse esta semana, con una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para mañana jueves a las 10 en el salón Azul.
Allí expondrán los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y gobernadores que el último viernes suscribieron el acta compromiso del denominado Consenso Fiscal.
La intención del oficialismo es que la reforma previsional, el Consenso Fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal sean aprobadas antes de que finalice el actual período ordinario de sesiones.
La reforma laboral, en tanto, será debatida durante sesiones extraordinarias, según anticipó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
El Consenso Fiscal contiene las conclusiones del acuerdo alcanzado en agosto, y ratificado la semana pasada, entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
El proyecto de reforma laboral consensuado entre el Poder Ejecutivo y la CGT cuenta con 130 artículos y propone una condonación de deuda para aquellos empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores, quienes podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y obtener todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.
En cuanto al cálculo de las indemnizaciones, se continuará considerando para ello, no solo el salario, sino también el promedio de las horas extras corrientes y de las comisiones. Respecto a la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones, se estableció que solo quedará limitada en actividades como servicios de transporte de personal, montaje, gastronomía, limpieza y seguridad e higiene.
Por otra parte, la reforma previsional que el Gobierno nacional consensuó con los gobernadores incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.
Los aumentos en las jubilaciones se calcularán apenas por encima del índice de inflación.
Puntos que podrían modificarse
Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el «plus» por PBI con el que se modificaría la «movilidad jubilatoria».
En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el «plus» debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.
Mauricio Macri dio la orden final: las reformas que considera clave para 2018 deben ser aprobadas por el Congreso y, para lograrlo los legisladores del oficialismo están autorizados a negociar algunos puntos clave. Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el «plus» por PBI con el que se modificaría la «movilidad jubilatoria». En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el «plus» debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.
Macri quiere que las leyes estén a disposición del Ejecutivo a fin de año, y que las extraordinarias se utilicen para cerrar las reformas, incluyendo la conflictiva nueva ley previsional. Y que a comienzos de 2018 la atención esté puesta en la rapidez de la puesta a punto y reglamentación de las nuevas leyes, y la confección de las reformas de «segunda generación» las que , se promete, serían aún más profundas (y burocráticas) que los cambios que quiere generar el Gobierno con las normas que antes de Navidad debería aprobar el Congreso. Los que siguen son los lineamientos de los primeros cambios que están en estudio sobre los textos originales:
Impuestos Internos. El Gobierno sabe que la suerte de la reforma impositiva está casi cerrada y positivamente para los intereses del oficialismo. Casi no hay oposición a los cambios en Ganancias para empresas y la modificación de la ley penal tributaria. También la aplicación del IVA a ciertos servicios informáticos y la ampliación en la presión de Ganancias para particulares podría tener votos positivos. Pero donde aún no hay acuerdo es en la aplicación del impuesto interno a las gaseosas azucaradas, ya que contaría con la negativa de los legisladores de provincias mesopotámicas, Tucumán y Santiago del Estero. Hasta el correntino oficialista Ricardo Colombi anunció que, al menos en particular, sus legisladores votarán en contra.
Jubilaciones. El Gobierno no negociará que la reforma jubilatoria pase por el cambio en la indexación anual eliminando la «movilidad» por el cálculo sobre la base del PBI, más un plus. La base del éxito del mecano fiscal armado por Dujovne se asienta en que los gastos previsionales bajen sustancialmente. Si además se tiene en cuenta que de los 130.000 millones de pesos que Dujovne debe reducir de déficit, unos 100.000 parten de la eliminación de la «movilidad», las posibilidades de negociación se limitan.
Los números son lapidarios. Si la Argentina creciera un 4% el próximo año, el aumento mensual por el «plus» sería de unos 20 pesos, lo que comparado con los casi 300 que perderán los jubilados si se aplicara la «movilidad», hacen imposible la comparación. Lo que hará el Gobierno es mejorar la oferta porcentual del «plus». Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), lo que aún no garantizaría el indispensable aval opositor.
Fuente: La Nueva Mañana.
