En alerta por la violencia de las fuerzas de seguridad

El Observatorio de DDHH de la UNRC en estado de alerta frente a los sucesivos casos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y los gestos de complicidad de políticos del Gobierno nacional.

Desde el organismo señalaron que di bien este problema antecede al actual gobierno, «desde la asunción del presidente Mauricio Macri, tanto él  como la máxima responsable de las políticas de seguridad en el país, la Ministra Patricia Bullrich, han manifestado públicamente su respaldo a las fuerzas de seguridad dando luz verde a su actuación, sin respetar los protocolos de procedimiento tendientes a evitar la represión y a poner en peligro la integridad física de los ciudadanos. Este aval político para actuar de este modo, se ha cobrado el saldo de 725 muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde finales de 2015, según el informe de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), publicado en www.correpi.org«.

Manifestaron que «el paradigma represivo que actúa sobre el conflicto social existente, donde proliferan los allanamientos y detenciones arbitrarias sobre los sectores pobres de la ciudad, y en donde mayormente la violencia institucional se pone de manifiesto sin respetar los derechos y garantías constitucionales, no ha obtenido ningún avance o éxito concreto para la seguridad ciudadana».

En este sentido, recordaron que en nuestra ciudad, las organizaciones sociales vienen denunciando varios casos de abuso policial, incluso con represiones masivas como la sucedida en el  barrio Casasnovas, que «constituyen acciones demostrativas del odio y del desprecio que transmiten las fuerzas de seguridad, al estigmatizar y golpear a la población de menores recursos».

«El joven Joel Bravo  quizás constituya el ejemplo más aberrante de persecución y castigo que compromete a toda la fuerza policial. Tras haber sido detenido varias veces, finalmente lo hicieron  bajo la figura de “portación de arma de guerra”, en un episodio que no ha sido debidamente investigado, mientras sus compañeros de trabajo denuncian que el arma fue “plantada” por la policía», indicaron.

También afecta a los policías

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC manifestaron que «el uso sistemático de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, también afecta a los propios jóvenes que deciden incorporarse a ellas para servir públicamente. La legitimación de la violencia, habilita prácticas abusivas en la formación de los cadetes, y la reciente muerte del joven cadete de policía en la Rioja, también es demostrativa de la baja estima sobre la vida humana con que son formadas dichas fuerzas de seguridad».

Consideraron que «estos hechos, adquieren un tono aún más preocupante cuando se escucha a la Ministra de Seguridad de la Nación, y a muchos de los funcionarios del gobierno nacional, opinar públicamente a favor de la instauración de la pena de muerte».

«Estos gestos políticos muestran a las claras una tendencia corporativa y totalitaria que desde los sectores de poder se desarrollan en defensa de sus intereses económicos, sociales y políticos, dando lugar a un cercenamiento de las libertades y garantías constitucionales, como así también, a la vigencia del Estado de Derecho», criticaron desde el organismo local.

«Desde el Observatorio de DDHH exhortamos a los funcionarios de Estado,  para bien del pueblo en general, que cesen la aplicación de políticas violentas en materia de seguridad ciudadana, porque ya demostraron su ineficacia en contextos similares de empobrecimiento y desocupación,  porque sólo ponen en riesgo la integridad de los lazos sociales y porque ya constituyeron una tragedia bajo el estado de excepción de las dictaduras militares.

Exigimos que se investiguen todos los casos del accionar violento de las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente pedimos a la ciudadanía que reflexione sobre la complejidad y gravedad del problema, y que no apoye las políticas violentas, cuya única finalidad es la de sostener un modelo económico que trae como consecuencia la exclusión de millones de argentinos», expresaron desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC.