El objetivo es otorgar al sistema mayor celeridad y participación ciudadana. Evaluarán introducir procesos orales desde el inicio de las causas.
La integran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de la Provincia, la Federación de Abogados, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. Cada uno de ellos designará un representante titular y un suplente para iniciar el proceso de análisis de la reforma. Esta apunta a otorgarle al sistema mayor celeridad y otorgar mayor participación ciudadana.
Uno de los mecanismos prevé la introducción de mecanismos orales para acelerar los plazos.
La reunión se desarrolló en el edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
Al respecto Luis Angulo, titular de esa cartera, señaló a La Nueva Mañana que “hoy quedó conformada la comisión de reforma del Código de Procedimiento Penal provincial”.
Esto responde al pedido del Ejecutivo cuando el “1º de febrero el gobernador Juan Schiaretti en la apertura de sesiones legislativas habló de la necesidad de modificación de los códigos de procedimientos adecuándolos a la legislación de fondo”, agregó el ministro.
“Existe la necesidad de asignarle al servicio de justicia penal una reforma integral para que sea más ágil y que garantice los derechos humanos, de la sociedad, de la víctima y del imputado”, añadió.
Angulo se refirió además a que “la política criminal tiene, en lo que hace a la actividad delictiva la prevención, en caso eso fracase, tiene la obligación de garantizar un proceso penal que implique un procedimiento rápido”.
“Hay una necesidad social, por parte de las víctimas y de los justiciables de un proceso que según tratados internacionales deben ser más rápido”, explicó Angulo.
Se trata de conformar hoy una comisión que tiene por objetivo central ese punto.
Una de las líneas sobre las que se trabajará será la introducción de procesos orales en instancias primarias.
“Hoy el proceso oral llega sólo en la parte final de la audiencia y mientras tanto, pueden transcurrir hasta dos años donde todo el procedimiento es escrito”, dijo.
La idea es avanzar desde el comienzo del procedimiento penal con procedimientos orales.
Ara ello se tendrá en cuenta la experiencia piloto de San Francisco, donde se implementó parcialmente un sistema de mayor oralidad, de más presencia de las oficinas judiciales.
Estas oficinas judiciales, que pueden ser manejadas por personas que no sean abogadas, que son quienes van determinando la agenda.
“En los casos de delitos en flagrancia, en plazos perentorios, la oficina judicial fija audiencia, le comunican al fiscal, al juez y al asesor legal que defiende al imputado, que un día determinado se realizará una intervención oral que es filmada, queda todo registrado en una filmación y se levantan actas breves”, explicó Angulo.
