El 25 de julio se desarrollará una audiencia oral de debate en relación a la causa “Cornejo, Antonio Sebastián”, conocida como la de los magistrados. La misma tiene como principales imputados a quienes se desempeñaron en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. Entre las víctimas está el riocuartense Raúl Bauducco, quien fue asesinado en la Unidad Penitenciaria de San Martín.
En el marco de esta causa, entre los querellantes se encuentran los riocuartenses Adriana Gentile, integrante de la fundación María Elba Martínez, y al abogado Miguel Martínez, quien representa a la familia de Raúl Bauducco.
En diálogo con Primero Noticias, Graciela Bauducco, prima del riocuartense fusilado por militares cordobeses el 5 de julio de 1976, dijo que «la Justicia en Argentina es especialmente lenta y a veces cuando es tan lenta es inoperante, ahora mismo tenemos muchísimas causas que son flagrantes delitos y que la Justicia todavía no se expide».
Señaló que «en ese momento la justicia actuaba de forma muy morosa posiblemente por miedo o por algún interés en que muchas cuestiones no salieran a la luz».
Dijo que el caso de Raúl fue emblemático porque «él estaba blanqueado, es decir, figuraba como detenido y lo mataron como es de público conocimiento estando detenido, sufriendo una neumonía y a quema ropa», contó Graciela Bauducco.
Sobre el inicio del juicio, Graciela sostuvo: «Lo que esperamos todos los argentinos es que la Justicia accione, no solamente en estos casos de una época nefasta de nuestro país, sino también ahora con la cantidad de delitos comprobados: acá parece que se condena a un ladrón de gallinas y no se condena a gente que es responsables de megadelitos y que han sometido a todo el país a una vida que no merecemos».
El expediente contempla la imputación a los exfuncionarios judiciales Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (exsecretario del Juzgado Federal N°1) y a Ricardo Haro (el ex defensor oficial) por: “Abuso de autoridad y violencia de un funcionario público (art. 248), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuente y encubrimiento (art. 277)”.
Además se cuestiona que los letrados no investigaran las violaciones, los robos o las torturas llevados adelante por personal policial y del cual eran notificados.
Los abogados querellantes fueron notificados por un documento firmado por el juez de cámara subrogante, Julián Falucci, y la secretaria de Cámara Lorena Castelli para presentarse en la audiencia el día martes 25 de julio a las 9.30.
