Así lo decretó el Gobierno Nacional. De esta forma, quedarán sin efecto los convenios de asistencia técnica. Actualmente, hay unos 60 convenios de asistencia técnica que se traducen en 5800 empleados públicos contratados vía universidades
El Gobierno limitará y modificará los contratos de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades.
Ayer, a través de uno de los artículos del decreto de reducción de gastos, el Gobierno determinó que quedarán sin efecto los llamados «convenios de asistencia técnica» con universidades, una modalidad que permitió sumar hasta 17 mil empleados públicos hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner.
El decreto 632/2018, publicado ayer, en su tercer artículo, determinó que «los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1º de enero de 2019». Y que no se celebrarán nuevos contratos bajo esta modalidad.
Según fuentes oficiales, actualmente hay unos 60 convenios de asistencia técnica, que se traducen en 5.800 empleados públicos contratados vía universidades.
«La mayoría va a quedar en la función pública, pero con otra modalidad de contratación, más estable. Cada área determinará si corresponde o no sostener ese puesto», señalaron ayer en el Ministerio de Modernización, la cartera encargada de elaborar la letra chica de la nueva normativa.
En los próximos días, en tanto, según consigna La Nación, se publicará el nuevo régimen de contratos interadministrativos para acotar el rol de universidades como proveedoras de servicios.
La reglamentación estipulará que las universidades deberán limitarse a servicios de «consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación». Ya no podrán proveer otros bienes o servicios ni ser contratadas para hacer obras públicas, según pudo conocer La Nación.
Las contrataciones, en tanto, se harán a través de la plataforma Compr.ar, dispuesta por el Ministerio de Modernización para que haya una compulsa de precios.
La nueva normativa, en tanto, prohibirá la «cesión, tercerización o subcontratación del objeto del convenio a un tercero».
Consultado por diario PUNTAL, el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge González, adelantó que tales medidas podrían afectar al desempeño actual de la casa de altos estudios local.
“El gobierno anterior estableció que todo lo que fuera consultorías se efectuaran por las casas de altos estudios y para eso se establecían los convenios. Ahora, eso pasará al ámbito privado, seguramente”, explicó González, al tiempo que entendió que con las universidades los costos eran menores a los que demandará el ámbito privado.
Fuente: Diario Puntal
