A una semana del fallo que paraliza la suba del gas para las pymes, sostuvieron que la medida del Gobierno es ilegal.
A una semana de conocerse el fallo de la Justicia Federal de Córdoba, que frenó el tarifazo del gas para las pymes, laAsamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme)respondió esta tarde la apelación que presentó el Gobierno nacional casi de manera inmediata.
Se trata del primer fallo en el país por el reclamo de este amplio sector de la economía que se opone al aumento de tarifas firmado por el ministro Aranguren. La medida es extensiva a nivel nacional.
El abogado de Apyme, Miguel Rodríguez Villafañe, señaló varios aspectos de los argumentos que expuso el Poder Ejecutivo para oponerse al fallo y consideró que es evidente el uso de un «doble estándar» en la lectura gubernamental.
A través de un comunicado, la entidad reiteró «la gravedad de la ilegalidad de todo lo resuelto con la firma del Ministro Juan Carlos Anarguren, por ser nulo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25188 de Ética Pública».
También calificó de «insultante» las expresiones utilizadas en la apelación al decir y acusar a Apyme de que «sólo busca paralizar las medidas impugnadas, EN RESGUARDO DE UN ÚNICO INTERÉS HOMOGÉNEO, PERO EXTREMADAMENTE EGOISTA, QUE CLARAMENTE ES NO PAGAR»
Al respecto, Rodríguez Villafañe contestó en su descargo: «El Estado entiende que, si los ciudadanos reclamamos por nuestros derechos lo único que buscamos es un interés egoísta de no pagar, ahora, el Estado para la fijación de las tarifas, se permite no cumplir con los caminos que mandan las normas y fija aumentos indebidos, desmedidos e ilegítimos y además, solicita que no se les aplique como corresponde la Ley 25.188. Es claro, que la postura del Estado es inaceptable, inconstitucional y agraviante para la ciudadanía y el Estado de Derecho».
A continuación, el comunicado completo:
El Miguel Julio Rodríguez Villafañe, apoderado de la APYME, (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) contestó la apelación efectuada por el Estado Nacional y el ENARGAS, que habían planteado en contra de la decisión del Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Decisión ella, por la que este magistrado había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por APYME, en el amparo colectivo interpuesto, impugnando la forma como se habían implementado las tarifas del gas.
Entre las diversas razones que expuso el abogado de los pequeños y medianos empresarios, en defensa de la decisión del juez, se dejó sentado que no se podía aceptar que los demandados sostuvieran “que no saben el universo que abarca el concepto de Pymes”, que bien había señalado el tribunal. En este aspecto y con fundamentos legales diversos se reiteró que el amparo abarca la defensa de todos “pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados con el dictado de las normas que se cuestionaron”.
En la contestación también se reiteró la gravedad de la ilegalidad de todo lo resuelto con la firma del Ministro Juan Carlos Anarguren, por ser nulo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25188 de Ética Pública. A su vez, se manifestó que era inaceptable que el Estado dijera que no debe aplicarse dicha norma en el caso de manera muy estricta y debía atenuarse su interpretación respecto de dicho funcionario.
También, entre otras cosas, Rodríguez Villafañe se señaló la actitud inaceptable de ENARGAS que, sin poder contestar a los argumentos desarrollados en el amparo, de una manera verdaderamente insultante sostuvo, que “APYME sólo busca paralizar las medidas impugnadas, EN RESGUARDO DE UN ÚNICO INTERÉS HOMOGÉNEO, PERO EXTREMADAMENTE EGOISTA, QUE CLARAMENTE ES NO PAGAR”.
A lo que el letrado de APYME dijo, que “el Estado entiende que, si los ciudadanos reclamamos por nuestros derechos lo único que buscamos es un interés egoísta de no pagar, ahora, el Estado para la fijación de las tarifas, se permite no cumplir con los caminos que mandan las normas y fija aumentos indebidos, desmedidos e ilegítimos y además, solicita que no se les aplique como corresponde la Ley 25.188. Es claro, que la postura del Estado es inaceptable, inconstitucional y agraviante para la ciudadanía y el Estado de Derecho”.
Ahora la cuestión de la medida cautelar pasa para que resuelva la apelación la Cámara Federal de Córdoba.
