Este viernes se llevó a cabo la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar una denuncia contra las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual.
Los cuestionamientos se centran en la derogación de los límites a la transferencia de licencias, sus prórrogas automáticas y la «tolerancia a la concentración» con la eliminación de trabas para la conformación de cadenas privadas.
Entre las 18 organizaciones que se presentaron y expusieron argumentos críticos a las modificaciones que se aplicaron mediante un DNU de Mauricio Macri -y recientemente avalado por la Cámara de Diputados- estuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).Martín Becerra, uno de sus miembros más reconocidos en materia de medios y comunicación, habló al respecto.
En conversación desde Washington con Radio Universidad de Córdoba, el especialista señaló que ve con preocupación el panorama comunicacional generado desde diciembre: «Los efectos de esta política decretada son efectos que estimulan la concentración, que ya es muy alta de por sí, pero los van a potenciar».
Para Becerra, ahora se abrió un panorama ideal para la expansión de los multimedios que se combina «con una gubernamentalización plena del órgano que decide, es decir la autoridad de regulación estatal que se llama Enacom, que depende sólo del Poder Ejecutivo. Hay tenemos todo un problema y así lo hemos expuesto en la audiencia», dijo.
En tanto el Gobierno tuvo su espacio para defender su política en comunicaciones: «El Estado también hizo su descargo siguiendo dos líneas argumentales: una basada en descalificar las políticas del gobierno anterior; y otra donde se prometió una futura ley convergente, moderna, plural, etc.», explicó Becerra.
Sin embargo el especialista resaltó que «entre la crítica del pasado y la promesa de un futuro mejor, lo que tenemos y que no contestó el Gobierno es una situación muy complicada, porque los decretos ya están generando hechos consumados (en el mercado de medios) que son preocupantes».
