El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó que se abra la investigación contra el titular del Banco Central Federico Sturzeneguer y el juez federal Claudio Bonadío por presuntos delitos de defraudación mediante administración fraudulenta, abuso de autoridad y prevaricato en torno a la causa donde se investigan operaciones de dólar futuro.
La denuncia fue presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria entre los que se encuentran Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García,Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.
El argumento central de la denuncia consiste en que el perjuicio contra el Estado Nacional se habría concretado a partir de las política de liberalización del tipo de cambio dispuesta por la gestión de Sturzeneguer. A lo cual se agregó, según los legisladores, la autorización del juez Bonadío para cancelar las deudas derivadas de la venta a futuro.
Dentro de las medidas que requirió el fiscal Di Lello figuran también la toma de declaración testimonial a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alfonso Prat-Gay y Marcos Peña, entre otros; la lista de personas que adquirieron la divisa norteamericana a futuro entre el 15 de octubre y el 9 de noviembre de 2015, cómo así también el volumen de dólares vendidos en este período.
El prevaricato se refiere al delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan.
La figura contempla la inhabilitación perpetua del juez que lo comete. Además, sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Ahora el juez federal Sergio Torres deberá decidir si le da curso al pedido de imputación y si además acepta el pedido de la expresidenta para ser querellante en el proceso judicial.
Fuente: CBA24N
