El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Unicameral. Sólo lo rechazaron García Elorrio y los representantes del PO.
Finalmente, tras un prolongado reclamo por parte de organizaciones sociales y políticas, la provincia de Córdoba adhiere a la Ley nacional 26.485.
Dicha norma se denomina Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La adhesión fue aprobada en la sesión llevada a cabo ayer en la Legislatura Unicameral de Córdoba, con 56 votos a favor y sólo cuatro en contra.
La legislación nacional busca eliminar todo tipo de discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida y promueve numerosos derechos que deben ser garantizados a las mujeres para el desarrollo de una vida sin violencia. Para ello, impulsa el desarrollo de políticas públicas, campañas, herramientas de prevención y acciones de carácter interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la eliminación de aquellos patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, entre otros aspectos.
Dos semanas atrás, la Provincia había firmado su adhesión a la ley 24417, que refiere a la violencia familiar. Tal decisión había agudizado las críticas contra el gobierno provincial por no tomar la norma específicamente concebida para la violencia contra las mujeres.
La legisladora Liliana Montero destacó el valor de la decisión tomada anoche en el Parlamento cordobés. Según considera, se trata de una importante apertura.
«Ahora Córdoba tendrá que empezar a alinear sus políticas públicas en un concepto mucho más amplio del que venía teniendo, que estaba basado en una ley con una antigüedad de 10 años. Dicha ley apuntaba a la violencia familiar, por lo que acotaba precisamente los ámbitos en los que se ejercía violencia. Se tenía a la violencia como un hecho que ocurría entre cuatro paredes. Hoy, la ley nacional viene a dar un giro conceptual. Ahora no sólo hablamos de la violencia física y psicológica, sino también de la violencia simbólica, de violencia obstétrica, violencia mediática, violencia laboral», destacó Montero.
Tras dar ejemplos sobre los casos de violencia que transcurren fuera del ámbito familiar, la legisladora destacó que la provincia deberá adecuar los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, algo que la adhesión aprobada ayer no contempla.
«Las provincias tienen la facultad de dictar los procedimientos que hagan efectiva la ley. En ese sentido, Córdoba debe readecuar no sólo sus procedimientos administrativos, como los protocolos de búsqueda que en Córdoba no existen, o en qué momentos resolver si es presentación o denuncia lo que corresponde tomar a la Policía. También procedimientos judiciales, cuestiones básicamente de tiempos. Hay un dato altamente preocupante, que es que en el 40% de los casos de femicidio hubo medidas judiciales tomadas fuera de tiempo. Por eso ayer, además de la adhesión se aprobó una resolucion para que sea prioridad para el Ministerio de Justicia avanzar rápidamente en cuestiones procedimentales», precisó.
Rechazo
Sólo cuatro legisladores votaron en contra del proyecto, que había sido presentado por el gobernador Schiaretti. Se trata de los tres legisladores del Frente de Izquierda y de Aurelio García Elorrio, representante de Encuentro Vecinal.
Los tres primeros consideraron que la norma aprobada es una concesión a los sectores conservadores de Córdoba. Especialmente apuntan a la falta de procedimientos que involucren a la Justicia, a la que consideran responsable directa de la ola de femicidios que ha conmovido a la provincia.
«Unión por Córdoba no pudo argumentar en las comisiones por qué no adhiere a los aspectos procedimentales de la ley nacional vigente. Si bien sabemos que esto por sí sólo es insuficiente, el acuerdo del gobernador con el Poder Judicial hace que la ley sea casi un saludo a la bandera. Además de la adhesión de manera íntegra a la ley exigimos la asignación de partidas presupuestarias acordes para responder a una situación que para las mujeres es de emergencia, pues una de nostras es asesinada cada 30 horas en el país», explicó Laura Vilches, legisladora por el Frente de Izquierda.
Por su parte, García Elorrio consideró que aquella ley de violencia familiar es «más completa2 que la norma nacional.
«Córdoba tiene la ley de violencia familiar que toma a la familia en su conjunto. O sea, toma a todos los integrantes de la familia. Los problemas de la familia no se resuelven disgregando cuestiones: por un lado la cuestión de los niños, por el otro el de la mujer. La problemática de la familia debe tratarse toda junta. Una ley que haga pie en la violencia contra la mujer conlleva un paradigma de desintegración», indicó García Elorrio.
Fuente: CBA24N
