La expresidenta pidió además la nulidad de la causa por la que fue indagada por la supuesta comisión de delitos en la concesión de obra pública a Lázaro Báez. La acompañó una multitud de militantes y referentes políticos.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a través de un escrito la nulidad de la causa por la que asistió a declarar este lunes ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga su presunta participación en un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez.
Sobre el particular, sostuvo que es “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y funcionarios de los dos gobiernos.
La exmandataria no respondió las preguntas del juez, y solicitó que se audite toda la obra pública licitada durante su gestión, incluida la que se le otorgó a la empresa IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Las adyacencias de los tribunales federales de Retiro fueron valladas esta mañana y hubo presencia de más de 300 efectivos de seguridad. En las inmediaciones unos 5.000 militantes apoyaron a Cristina.
Unos 280 efectivos de las policías Federal y Metropolitana y de la Gendarmería custodiaban el doble vallado ubicado en el perímetro de los tribunales de Comodoro Py, a los que se suman otros 40 apostados en el interior del edificio, que fue inspeccionado previamente por la Brigada de Explosivos.
La acusación “es un disparate mayúsculo”, dijo al salir de los tribunales de Comodoro Py, tras cumplir con la citación del juez Julián Ercolini e interpretó dar a entender que “una asociación ilícita la conforma el Poder Ejecutivo, elegido en elecciones libres”.
Respecto de las pruebas que presentó pidiendo la nulidad señaló que ofreció “el Presupuesto nacional (de la gestión) las obras públicas que se han hecho”
Explicó que, además, a partir de 1994 son los Jefes de gabinete “los que ejecutan y administran el Presupuesto nacional” y, además, “las cuentas de los años 2003-2014 están aprobadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión de Revisión de cuentas del Parlamento”.
Además, agregó la ex Presidenta los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) sobre modificaciones a los presupuestos “son remitidos al Congreso”.
Denunció que este proceso judicial “es una maniobra formidable de persecución política, hostigamiento, que no es original” y recordó que algo similar sufrió el ex presidente Lula da Silva en Brasil y lo padecen, dijo, “a los que representamos los procesos de inclusión, que hemos incorporado a millones de argentinos”.
Sostuvo que es una “maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico-social que tiene la Argentina pero no se puede tapar el Sol con las manos” y agregó que “este gobierno sería asociación terrorista: terror cuando reciben las factura de gas, van al súper…”
También sostuvo que pidió una auditoría de toda la obra pública durante su gestión, para lo cual propuso constituir una comisión bicameral.
La exmandataria ingresó a Comodoro Py acompañada por parte del que fuera su gabinete, entre ellos el ex ministro de Economía Axel Kicillof. En declaraciones a Radio 10, el actual diputado apuntó contra el presidente, Mauricio Macri, y dijo que «redobla la persecución judicial». «Hay una lucha selectiva contra la corrupción», añadió.
En la misma línea se expresó el diputado por el FpV Edgardo Depetri, quien enmarcó la investigación contra la ex mandataria en «una operación» orquestada por «Macri y el `Partido Judicial´».
Fuente: Telam y Ambito Financiero.
