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Debaten la regulación de supermercados

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Mientras se encuentra interrumpida la posibilidad del desembarco de nuevas superficies comerciales, los ediles discuten desde esta mañana con el proyecto elevado por el peronismo como eje. También hubo representantes del Cecis y la Cámara de Almaceneros.

En medio de la prohibición vigente para abrir nuevos supermercados, los concejales comenzaron a debatir desde hoy el proyecto de ordenanza presentado por la edil Andrea Petrone, de Unión por Córdoba, orientado a dar un marco regulatorio a la instalación de nuevas superficies comerciales.
La reunión se extendió hasta minutos antes del mediodía y contó con la presencia de representantes del Cecis y de la Cámara de Almaceneros.

El proyecto

La iniciativa en cuestión abarca a los minimercados, autorservicios y supermercados, y establece una serie de requisitos para su correspondiente habilitación.

A modo de precisar la diferenciación entre un rubro y el otro, el texto del expediente fija como supermercado a un local con una superficie entre 300 y 1.000 metros cuadrados, como autoservicio a un local de entre 100 y 300 metros cuadrados y como minimercado a un local de entre 60 y 100 metros cuadrados.

Para ser habilitados, el proyecto prevé que los interesados cumplan con una serie de requisitos como: libre de deuda de impuestos municipales y aportes de seguridad social; mencionar las características del establecimiento comercial proyectado; fijar las características de la oferta y demanda comercial prevista, las estimaciones del empleo a generar y sobre la facturación y cuota de mercado para la instalación del nuevo equipamiento; sumar el presupuesto detallado de la inversión; adjuntar el informe de prefactibilidad de emplazamiento; implementar baños para ambos sexos con accesos, medios de circulación e instalaciones sanitarias adecuadas para personas con discapacidad; entre otros requerimientos.

En relación con el mencionado informe de prefactibilidad, el comerciante deberá consignar un análisis del impacto socioeconómico y ambiental.

Allí deberá incluirse: la composición y especialidad de los rubros a instalar; si su implantación está concebida para promover un equilibrio funcional entre la periferia y los centros comerciales existentes; la influencia sobre los niveles de precios y de prestación de servicios al consumidor de la zona; la accesibilidad del establecimiento en relación con los diferentes medios de transporte públicos; los efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de los potenciales consumidores; el nivel de empleo y estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos; la remuneración y posibilidades de promoción laboral; y la incidencia sobre el consumo existente.

En su artículo 5, el proyecto define a la Secretaría de Gobierno de Mauricio Dova como la autoridad de aplicación y el organismo encargado de controlar. Será, además, responsable de conceder o denegar las autorizaciones.

Otro de los puntos interesantes del expediente es el que hace referencia a la cantidad de empleados que deberá acreditar cada superficie comercial que vaya a abrirse: 5 trabajadores en el caso de los supermercados, 2 si se trata de autoservicios y uno si se habla de minimercados.

La propuesta prohíbe que en los establecimientos comerciales sean utilizados como dormitorio o vivienda, la instalación de altillos o divisiones de madera, la tenencia de animales domésticos, la colocación de cocinas en sótanos o subsuelos y el depósito de mercadería en pasillos de circulación.

Finalmente, también se fijan las distancias mínimas que tiene que haber entre los establecimientos comerciales: un supermercado deberá instalarse a no menos de 500 metros de otros, un autoservicio a no menos de 300 metros y un minimercado a no menos de 200 metros de otro.

Fuente: Diario Puntal

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