Cambió la definición de extranjero, los límites territoriales y la cantidad de hectáreas disponibles según la Ley de Tierras.
El presidente Mauricio Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales, norma aprobada en el 2011 con el propósito de limitar el porcentaje de territorio nacional bajo posesión extranjera.
La iniciativa establecía -entre otras cosas- que las tierras en poder de extranjeros «no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales». Además, fijaba el 15% como límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros.
Ahora, a través del decreto 820/2016 el gobierno de Cambiemos introdujo cambios para disminuir las restricciones para la venta de campos y favorecer la inversión extranjera en las tierras rurales.
Modificaciones
El decreto define que se considera titular extranjero a quien sea titular de «más del 51% del capital social de una persona jurídica», modificando la norma anterior que definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)».
Por otro lado, pone reparos al límite de 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. En este punto, el decreto intima a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas «equivalencias», en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. Caso contrario, serán establecidas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en «Zona Industrial», «Área Industrial» o «Parque Industrial».
«La nueva reglamentación busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012. Asimismo, se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias», dijo Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia.
